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Foto del escritorCamila González Azcárate
13 may 20194 Min. de lectura

Los medios públicos (no) son de los ciudadanos

Actualizado: 27 may 2019

Los medios de radiodifusión públicos son de los ciudadanos

Los servicios públicos son un bien esencial y nosotros, como ciudadanos, debemos asegurarnos de que nuestro dinero —recogido mediante impuestos indirectos y repartido, posteriormente, por los Gobiernos— sea bien aprovechado por esas instituciones públicas. Además, no debemos permitir que los Gobiernos y los partidos políticos que los sustentan se crean y actúen como dueños de estos medios.


Para evitar la manipulación del contenido de los servicios informativos, los profesionales de estos servicios deberían ser quienes, atendiendo a la pluralidad y al ejercicio de su libertad, deban conformar los contenidos que consideren oportunos, resistiéndose a las presiones que puedan ejercer otras instituciones.


Con esto en mente, podemos remitirnos a uno de los casos más relevantes del ámbito nacional: en la teoría, RTVE pertenece a los ciudadanos, y no a un partido político.

Sin embargo, como veremos a continuación, la realidad es otra.

De un modelo de calidad a la inconstancia subjetiva

Desde 2006, con la aprobación de la Ley 17/2006, RTVE queda emancipado de la influencia política que lo había caracterizado durante casi medio siglo. Aunque no se convierte en una televisión totalmente independiente del poder político, sí se hace evidente que se acerca cada vez más a un modelo de radiodifusión público de calidad.


No obstante, en abril de 2012 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Decreto Ley 15/2012, que permitirá la elección del presidente de RTVE sin haber pactado con anterioridad con ningún grupo político. El consenso político y profesional alcanzando hasta entonces se rompe en ese momento.


A partir de entonces se empiezan a detectar señales sobre una posible influencia política en RTVE, así como la reducción de pluralismo informativo en la televisión. Como consecuencia, las audiencias descienden, aumentan las denuncias por manipulación informativa y se llega a acusar a la nueva dirección de TVE de haber logrado una toma de control política; estudios realizados durante el 2013 y el 2014 revelan que los programas del Informe Semanal de TVE que presentan un alto grado de injerencia política casi llegan a doblar en número a los programas con pluralismo informativo.


Esta controvertida visión de RTVE se extiende hasta la actualidad: en 2018, la Corporación recibe acusaciones de purgas «de profesionales» (EuropaPress, 2018) por parte del Partido Popular sobre los cambios efectuados en el organigrama, aunque desde la administración de RTVE se defienden remarcando su objetivo de ejercer «sus funciones con independencia, pluralidad y profesionalidad» (Gómez, 2018).


En defensa de la nueva dirección de la televisión, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional se dirige al Grupo Popular para reivindicar que «RTVE ha perdido el control ideológico que […] tenían sobre ella y ha ganado en pluralismo e independencia». El Gobierno pretende garantizar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación públicos.


Por lo tanto, y pese a que, «según las leyes, RTVE presenta un buen nivel democrático interno», vemos que desde la aprobación del Decreto Ley 15/2012 RTVE ha tenido problemas para ofrecer contenidos de calidad, plurales y sin sesgo político evidente a su público, lo que se ha traducido en la recepción de constantes críticas de la oposición durante la gestión de un determinado partido político, aun cuando desde septiembre el 2017 se regresa a la legislación del 2006.


Sin embargo, podemos afirmar que, en el último año, la Corporación ha intentado recuperar su independencia política y ratificar su naturaleza plural y profesional. Sin ir más lejos, y con motivo de la polémica generada por un concursante del programa Operación Triunfo («yo me he cagado en la Falange»), agravada por la contestación que recibió de la directora de la Academia, Noemí Galera («Ahí, también me cago yo»), RTVE reitera su defensa de la pluralidad ideológica y del respeto.

Realidades innegables

Resulta evidente que una televisión manipulada y al servicio del poder y del Gobierno de turno puede llegar a ser perjudicial, tanto para los medios como para su público, por lo que es imperativo los medios públicos sean un servicio público plural. De hecho, desde 2017 contamos con una legislación que debería garantizar esta independencia.


Pero que aún no se haya conseguido esto habla de una anteposición de intereses políticos a los intereses de los ciudadanos, que ven comprometido su derecho a la información. La voluntad política se ha erigido como una prioridad que ha convertido a los medios públicos en los medios «no tan públicos», propiedad de unos pocos que se benefician de su control.

¿Y en qué consiste este beneficio? En llegar a personas a las que, de otro modo, no podrían llegar. En conseguir simpatizantes de su ideología, partidarios y afiliados.


O, dicho de otra manera: votos.


Aunque esta manipulación tan obvia se está intentando detener con diferentes recursos, cierto es que no solo la reputación de los medios públicos está siendo perjudicada, sino también de todas las profesiones —en concreto, el periodismo— que colaboran en ellos.


Y si aspectos tan intrínsecos del sistema democrático como el derecho a la información y el periodismo se están poniendo en duda, ¿por qué no las bases mismas de la democracia en la que vivimos?


Bibliografía

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